El Acuerdo de París de 2015 pugna por la movilización de flujos financieros en inversiones que posibiliten una economía baja en emisiones de GEI, hoy más comúnmente conocidos como “finanzas verdes”.
Recientemente, se ha publicado el informe “Greening the financial system: Tilting the playing field. The role of central bank” elaborado por Climate Bonds Initiative con el apoyo de WWF (World Wild Foundation) y el Centro SOAS para Finanzas Sostenibles (Octubre 2019)[1].
Este informe presentado días antes de las reuniones anuales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (Washington D.C.14-20 de octubre), analiza el progreso global de los Bancos Centrales (BC) para abordar los problemas climáticos y aboga la adopción acelerada de una serie de acciones tendentes a:
- reducir la vulnerabilidad sistémica del sector financiero a los riesgos climáticos;
- aumentar las asignaciones globales de capital verde;
- apoyar la transición entre bancos, aseguradoras y otras instituciones financieras.
Las recomendaciones principales que dimanan del informe, se enfocan en cuatro puntos:
1.- Los BC deberían desarrollar una “taxonomía marrón”: Los bancos centrales están principalmente preocupados por los riesgos sistémicos para el sistema financiero derivados de la propiedad, por parte de las instituciones financieras, de “activos marrones”, que son cada vez más vulnerables a las revaluaciones bruscas y a la volatilidad de los precios derivada de las políticas de mitigación climática y de los riesgos físicos.
Las taxonomías podrían ser un componente importante en la creación de un sistema de evaluación estandarizado, ampliamente aceptado por instituciones financieras y compañías, de análisis de riesgos de crédito climáticos, que diera consistencia al nivel de transparencia y calidad de la información requeridos.
No obstante, la definición de una “taxonomía marrón” tiene connotaciones claramente políticas y económicas y acotarla es una tarea compleja. Hasta ahora, sectores de peso en la “economía marrón” han tenido éxito, a través del Parlamento Europeo, poniendo freno a la Comisión Europea en el desarrollo de dicha taxonomía. Así, Gobiernos que dependen en buena medida de sus reservas de combustibles fósiles, pueden considerar, por ejemplo, que sus infraestructuras de gas son una solución de transición en la descarbonización de la economía y no un activo que pueda calificarse como “marrón” con las implicaciones y penalizaciones que esto pueda conllevar.
2.- Por otra parte, los Bancos Centrales son compradores mayoritarios de activos financieros. Los BC de la Eurozona han comprado 2,6 billones de euros de activos (10% del PIB de los países de la Eurozona) a través de los Programas de Compras de Activos. El informe recomienda que las compras se desvíen deliberadamente a comprar activos ecológicos, incluidos los activos en el mercado primario, y que se elimine la doctrina de la neutralidad del mercado.
3.- Los BC, al establecer recortes y ponderaciones de diferentes activos, influyen en gran medida en los activos en poder de los bancos y de las compañías de seguros para la regulación prudencial[2]. El informe recomienda que la “taxonomía marrón” se use para desalentar el uso de activos marrones, ya que éstos son cada vez más vulnerables a riesgos climáticos que los modelos climáticos actuales aún no captan.
4.- Es comprensible que los BC se opongan a que las regulaciones prudenciales sean menos estrictas. En consecuencia, deberían “testar” si los factores de apoyo verdes podrían aplicarse para compensar parte del impacto del uso de los factores de penalización marrones. Esta medida alentaría la inversión en tecnologías verdes a través del incremento de la demanda de los activos con fines regulatorios.
Pero ¿Por qué los Bancos Centrales, y no los Gobiernos, deberían ser los que desarrollen una “taxonomía marrón”?
Según refleja el propio informe, los BC y los reguladores financieros, como responsables de la salvaguarda de la estabilidad financiera, están especialmente sensibilizados con los activos marrones, dado que éstos personifican directamente los riesgos climáticos para el sistema financiero. El propio Gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, subrayó, en el discurso de apertura de la Conferencia Internacional de Riesgo Climático, celebrada en Amsterdam el 6 de abril de 2018, que el 13% de la exposición crediticia neta total de los bancos franceses lo es a sectores vulnerables a los riesgos de transición[3].
Algunas entidades financieras han dado pasos en esta dirección en los últimos años: En 2018, el Banco Central Holandés (DNB) publica un documento sobre el riesgo de transición basado en un modelo macroeconómico con un escenario del precio del carbono al alza. En paralelo, realiza una encuesta entre los bancos más importantes, aseguradoras y fondos de pensiones para conocer su grado de exposición a productores de combustible fósil (brown assets). Los fondos de pensiones manifiestan una exposición del 5% a las compañías de combustibles fósiles principalmente en forma de materias primas, acciones y bonos, frente a la exposición de los Bancos, en torno al 2%, casi todo en forma de préstamos.
La exposición de los bancos a corto plazo (menos de 1 año) se sitúa en un 68%, siendo de un 23%, a medio plazo, (entre 1 y 5 años antes de la refinanciación del préstamo). La duración de la exposición a riesgos derivados de prestamos para activos/proyectos “marrones” es mucho más corta para los bancos que la vida útil del propio activo físico.
Un análisis de riesgos a más largo plazo liderado por los BC, por ejemplo un análisis top-down, necesitaría explorar todo el sistema de riesgos y no solo la exposición de las instituciones financieras a riesgos de corta duración. En el informe “Greening the financial system: Tilting the playing field. The role of central bank” se subraya la conveniencia de un análisis de nivel más pormenorizado de toda la cartera de activos.
Dos análisis preliminares conducidos por 16 bancos mundiales líderes junto con UNEP_FI (Iniciativa Financiera) y la firma de consultoría de adaptación y riesgo climático Acclimatise[4], se han enfocado en 2 escenarios climáticos (aumento de 2˚C y de 4˚C en 2020 y 2040, respectivamente), y en su impacto en el porfolio de las instituciones financieras en los sectores de agricultura, energía e inmobiliario. Los análisis destacan la necesidad de una implicación coordinada en la información subyacente de los activos financiables (aspectos como su localización y otras características físicas), especialmente con respecto a su exposición a riesgos climáticos.
En una línea similar pero más enfocado en el desarrollo de herramientas de análisis de riesgos climáticos, el pasado mes de mayo, UNEP-Finance Initiative en colaboración con 20 de los principales firmas inversoras, gestoras de fondos y bienes raíces a nivel mundial[5] y la consultora Carbon Delta, ha publicado una guía para el asesoramiento en riesgos climáticos, alineada con las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, Financial Stability Board), sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosure) cuyo objetivo es la transparencia en materia de riesgos relacionados con el cambio climático. Este documento constata que los inversores se enfrentan a un riesgo de un 13,16% derivado de la necesaria transición a una economía baja en carbono (empleando el escenario IPCC de 1.5°C)
El objetivo de esta colaboración es desarrollar escenarios, modelos y métricas que permitan una evaluación y divulgación prospectiva, basada en escenarios de riesgos y oportunidades relacionados con el clima.
Por su parte, el sector empresarial, liderado por los miembros de la Alianza de Primeros Ejecutivos por el Clima (CEO Climate Leaders) auspiciada por el Foro Económico Mundial, viene presionando a los gobiernos del G20 a que acepten formalmente y ejecuten las recomendaciones del grupo de Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD). Este selecto grupo, del que forman parte grupos empresariales como Acciona, Allianz, Enel SpA, Engie Group, Iberdrola, Unilever, Solvay, Suez o Unilever, gestionan unos activos valorados, de forma conjunta, en 4,9 billones de dólares y tienen una huella de carbono en torno a los 450 millones de tCO2[6].
[1] https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi-greening-the-financial-sytem-20191016.pdf
[2] Regulación financiera que requiere que las empresas financieras controlen los riesgos y mantengan el capital adecuado según lo definido por los requisitos de capital.
https://www.banque-france. fr/en/intervention/green-finance-new-frontier-21st-century
[4] UNEP Finance Initiative, Navigating a new climate: assessing credit risk and opportunity in a changing climate, Part2: Physical-related risks and opportunities, July 2018, available at: https:// www.unepfi.org/publications/banking-publications/navigating-a-new-climate-assessing-credit-risk-and-opportunity-in-a-changing-climate/
[5] Addenda Capital, Aviva, Caisse de dépôt et placement du Québec, Citibanamex Pension Fund, DNB Asset Management, Desjardins Group, Kommunal Landspensjonskasse, La Française Group, Manulife Asset Management, Nordea Investment Management, Norges Bank Investment Management, Rockefeller Asset Management, Storebrand Asset Management, y TD Asset Management.
[6] https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/conocenos/docs/Foro_economico_TCFD.pdf
Autor: María Jesús Romero Olid
